Cambio climático, ¿catástrofes naturales o negocios empresariales?

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Las lágrimas del ponente filipino dejaban un sabor amargo hace dos días en la XIX cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Meses después de la ratificación del segundo periodo de vigencia del protocolo más importante para la mitigación del calentamiento global, se planea una nueva hoja de ruta en Varsovia.

“Filipinas está condenada a la pobreza”, es una frase que podemos leer en medios de todo el mundo estos días. No sólo se refiere al hecho de que la lucha contra el cambio climático ya no se esté jugando a escala mundial (EEUU, Rusia, Japón y China no han ratificado la prórroga), sino también a la fuerte presión que ejercen los lobbies de empresas opuestas a la política de esfuerzo que podría llevarse a cabo para conseguir reducir la emisión de gases tóxicos. Además, por su situación geográfica, la emisión de gases aerosoles de países asiáticos como China y el calentamiento de la superficie del océano por esa zona hacen que, tragedias como la del tifón Haiyan vayan a repetirse más veces.

El efecto invernadero es la causa del cambio climático, que conllevará graves consecuencias como el deshielo, tifones y la subida del nivel del mar seguida de la pertinente desaparición de grandes asentamientos costeros. Aunque todo eso, a Estados Unidos, parece que le da igual. Al menos este país se basa en fundamentos desde el principio. Peor es el caso de China, Rusia o Japón, que no renuevan con el segundo periodo del protocolo de Kioto. De cualquier manera, el objetivo de éste artículo nunca fue juzgar la manera de actuación de las grandes potencias económicas actuales, sino la exposición de las mismas.

Activistas y ecologistas, así como las Naciones Unidas, plantean con frecuencia iniciativas que los gobiernos podrían llevar a cabo, tales como motivar al sector privado a que inviertan en tecnologías innovadoras o proporcionar a las empresas incentivos que sean claros, previsibles, a largo plazo y sólidos. Las medidas políticas no obstante, en muchos casos llegan a ser contraproducentes; por ejemplo, cuando se pone en marcha un sistema de subsidios para empresas que lidian con combustibles fósiles o la agricultura del país.

Como soplo de aire fresco está la Unión Europea, la tercera en la lista de emisores de gases nocivos. Por debajo de China y Estados Unidos, y debido a que éstos no participan en la carrera por un mundo mejor, la UE es la cabecilla de un grupo de países que, aún sin la ayuda de los gigantes, pretenden acabar con el calentamiento global.

La deforestación, la utilización de combustibles fósiles, energía y vehículos aumenta cada día el porcentaje de grados que habrá cambiado el clima desde 1990. Los gobiernos podrían posicionarse y mancharse las manos motivando al sector privado al cambio. Con esto no solo se conseguiría la meta que aspira conseguir el protocolo, sino que también ayudaría a otros sectores; por ejemplo, estimularía la innovación, impulsaría nuevas inversiones y crearía nuevos empleos en una economía verde (a esta ventaja se le pueden ver las dos caras de la moneda ya que el recorte de las emisiones para convertir nuestros gastos energéticos a un modelo más ecologista destruiría puestos de trabajo en la industria actual)

Partiendo de la base de que un país menos desarrollado económicamente tendrá más facilidad para producir menos gases nocivos (debido a la falta de industria contaminante), antaño se veían recompensados aquellos países que reducían en un porcentaje importante su emisión, pudiendo vender el crédito de gases ahorrados a una empresa que, por el contrario, necesitara emitir más de lo permitido. No obstante, este sistema ahora ha cambiado y cada empresa recibe un crédito de gases fijo que puede emitir y el acceso a una sala de subastas donde tienen la posibilidad de obtener más crédito.

Los países más progresistas quieren moverse hacia la exploración de un mundo nuevo en busca de soluciones para respetar el planeta; pero, no parece tan fácil al toparse con lobbies que harán todo lo posible para que las nuevas propuestas no salgan adelante y no se encarezca el precio de sus producciones. Estos lobbies suelen ser, generalmente, de empresas con alto nivel adquisitivo.

En la UE en concreto, Dinamarca, Portugal, Alemania, Reino Unido, Grecia y Suecia apuestan fuerte por replantear la hoja de ruta que tenía la Unión Europea. Una subida del 20% de gases reducidos al 30% sería, no sólo una manera de adelantarse en el liderazgo de este proyecto, sino también una manera de sacar la parte más positiva de la crisis económica que atraviesa gran parte del continente. Es el momento para innovar, para sacar a los países con industrias hundidas a flote con nuevas soluciones que, además, respeten el planeta.

No solo la acción gubernamental está dividida. Aunque ya hemos expuesto anteriormente la fuerte división de opiniones en el mundo empresarial con respecto a este tema, me gustaría ilustrarlo con algún ejemplo. Volkswagen es el mayor fabricante de vehículos de Europa y, según dice, “aspira a llegar a ser algún día el mayor fabricante de vehículos ecológicos del mundo”; sin embargo, no apoya el segundo periodo de vigencia del protocolo de Kioto ni la reducción tan acelerada de los gases nocivos de momento. Un caso del mismo bando, aunque más radical es el de Solvay, por ejemplo, que apoya políticas negacioncitas del cambio climático.

Pero como siempre, en la otra cara de la moneda tenemos un sinfín de empresas líderes tan conocidas como IKEA o Puma que no sólo respetan el medio ambiente sino que están haciendo presión para que el proceso sea lo más rápido posible. Quieren acabar con un 30% de las emisiones en la Unión Europea. ¿Lo conseguirán?

Después de la catástrofe de Filipinas, algunos seguimos atónitos al ver que las reacciones de las empresas y gobiernos más industriales no sean unánimes con respecto a la fortaleza de las políticas necesarias a llevar a cabo para parar esto. Si todo sale bien, uno de los mayores retos de la cumbre que se está dando en estos momento en Varsovia, conseguirá lograr la financiación para compensar los daños que las emisiones de países industrializados provocan en los países en vías de desarrollo, lo que, al menos a corto plazo, sería un gran progreso.

ESMASACTUAL/Redaccion

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