Comerciantes del Cabanyal proponen negociar un pacto para rehabilitar el barrio

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De esta manera valoró el anuncio del Gobierno de la retirada del recurso en el Tribunal Constitucional, así como el compromiso de la Generalitat de derogar en unos meses la ley que modificó la declaración de Bien de Interés Cultural.

Una vez despejada esta parte del conflicto, entendió que «si prevalece la orden ministerial, es hora de que el ayuntamiento se reúna con los vecinos para negociar».

La alcaldesa Rita Barberá comentó que la orden ministerial y el plan urbanístico se adaptarán, sin ofrecer fechas. La primera está en contra de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, y el deseo de la primera autoridad local es mantener esta parte del plan.

Así las cosas, es difícil entender cómo hacer compatibles los dos documentos. En opinión de García, la decisión del gobierno municipal es más una «estrategia política» que una posibilidad legal cierta de poder acometer la prolongación.

En todo caso, aseguró que no sirve de nada perder el tiempo, después de años de paralización donde la degradación urbanística se ha adueñado de buena parte del barrio. «Entre todos debemos alcanzar una solución», dijo en referencia también a la plataforma ‘Units pel Cabanyal’, formada por entidades de vecinos y comerciantes de esta parte del Marítimo.

Acerca del debate sobre la prolongación y pese a su rechazo personal, consideró que el motor de sus reivindicaciones es más «la dinamización del barrio». Recordó propuestas como la recuperación de las travesías, las calles peatonales que pueden fortalecer los itinerarios de los clientes del pequeño comercio.

Por esta razón, consideró que el objetivo debe ser promover la rehabilitación, tanto en las iniciativas públicas como en las privadas. El vicealcalde, Alfonso Grau, se mostró dispuesto a negociar una solución para la zona protegida en diciembre de 2010, aunque el Gobierno socialista mantuvo en su integridad la orden del Ministerio de Cultura, vigente en la actualidad y que el gobierno municipal quiere adaptar al plan urbanístico.

La interpretación que hace el consistorio de dicha orden invalida cualquier licencia de obras, salvo las consideradas urgentes. En el último recuento había una veintena de licencias suspendidas a la espera de aprobación.

Una de las claves parece ser la intervención fuera de la zona protegida, lo que supone la mayor parte del ámbito del plan. García consideró que ese debate corresponde primero a los arquitectos y expertos que deben dilucidar si es una alternativa viable y adecuada.

A su juicio, el objeto social de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar «puede cambiarse sin ningún problema para comprar edificios y rehabilitarlos, en lugar de derribarlos». Como publicó este periódico, la sociedad tiene en su poder 580 de los 1.603 inmuebles necesarios para acometer todo el plan urbanístico, tanto los derribos para construcción de viviendas como la apertura de calles y equipamientos públicos.

La orden de paralización no ha frenado las operaciones de compra y una de las últimas decisiones del consistorio ha sido destinar 17,4 millones de euros a distintas obras y adquisiciones de inmuebles en el barrio, procedentes del Plan Confianza. El dinero todavía debe ser transferido por la Generalitat, por lo que estas iniciativas carecen de plazos sobre el papel. Eso sí, las unidades elegidas están en plena prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y el bulevar San Pedro, este último proyecto situado fuera de la zona protegida del barrio.

ESMASACTUAL/Redaccion

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