Discapacidad en tiempos de crisis

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Por ISABEL OLIVER GONZÁLEZ. Presidenta del Ateneo Blasco-Ibáñez.

Son tiempos difíciles. Tiempos de prueba para la mayoría de la gente honrada, ciudadanos españoles que un día, hace ya casi treinta y seis años, el seis de diciembre de 1978, salieron de sus casas con dirección a las urnas para cumplir con el penúltimo tramo de la Ley de Reforma Política: el refrendo popular del texto constitucional.

Quince millones setecientos seis mil setenta y ocho almas dijeron sí a un proyecto de articulado que contenía las bases de convivencia democrática y prosperidad que les situaría  a nivel europeo. Ya nunca más se diría de España que África empezaba en los Pirineos. Nuestra Carta Magna garantizaba la igualdad en su artículo catorce, el derecho de expresión en el veinte, el de educación en el veintisiete, el derecho a trabajar en el treinta y cinco, el derecho a una vivienda digna en el cuarenta y siete… En el cuarenta y nueve se hace precisa la transcripción íntegra ya que es en él donde radica el argumento “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Pues bien, ser minusválido en el año 2014 significa tener que superar una traba añadida a la dificultad que ya sortean los más de cinco millones de parados en España para encontrar empleo.

Es verdad que el Estatuto de los Trabajadores, en su Disposición adicional segunda  prevé  la reducción del cincuenta por ciento de la cuota empresarial a los contratos para minusválidos en la empresa, pero, es que han cerrado casi trescientas mil empresas en cinco años y los minusválidos han visto rebajado su derechos de protección al trabajo en un setenta y cinco por cien. La despiadada Banca, la primera culpable de la desgracia de la recesión económica, no pregunta si cuando ejecuta los desahucios hay o no personas minusválidas entre los componentes de la familia que condena a la exclusión social.

La Ley de Dependencia se está incumpliendo en muchas comunidades autónomas, hasta el punto de comunicar a los parientes de los internos con discapacidad profunda, no sólo que la Administración pertinente ya no se hará cargo de la subvención sino que han de devolver parte de la obtenida hasta el momento… Los recortes han llegado a la educación especial. Y mientras España se desangra cautiva de las privaciones sobrevenidas a causa de una mala gestión de reparto equitativo de la riqueza, los poderes públicos olvidan que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado;  que  ningún artículo de la Constitución habla del “derecho de corrupción” que parece ser el primero en ampararse por parte de los delegados del pueblo, y han olvidado también que la altura de un país se mide por la protección de sus ciudadanos más débiles. Aristóteles presentaba las tres formas de gobierno posibles: monarquía, aristocracia y democracia. En todas ellas la sustitución del interés general por el de los gobernantes degenera respectivamente en tiranía, oligarquía y demagogia.

Los occidentales nos hemos dado la forma menos mala, la democrática, pero ya es hora de que empecemos a preguntarnos si exigimos el regeneracionismo o continuamos inmersos en la escalada demagógica. De momento, la parte más vulnerable de la población, la que más cuidados necesita, la que más dificultades ha de sortear para conseguir menos que otros, asiste indefensa al desmantelamiento de sus derechos, unos derechos que un seis de noviembre de 1978 la mayoría de los ciudadanos españoles votamos sin el debido conocimiento de qué votábamos, pero con el absoluto convencimiento de que la palabra DERECHOS no podía ser perjudicial.

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