El Gobierno endurece el Código Penal y amplía la prisión permanente revisable

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado esta mañana al Consejo de Ministros las líneas maestras de su proyecto de reforma del Código Penal, que endurecerá por enésima vez una de las leyes penales más duras de Europa.

Entre los cambios de última hora, Justicia ha introducido una modificación fundamental en la nueva pena de prisión permanente revisable (similar a la cadena perpetua pero revisable a partir de cierto momento si el reo demuestra estar rehabilitado) que Ruiz-Gallardón anunció hace meses.

En principio, esa pena iba a ir dirigida solo a terroristas, pero Justicia ha decidido ahora extenderla a casos de “asesinatos agravados”, en cuatro casos: cuando la víctima es menor de 16 años o especialmente vulnerable (por razón de discapacidad o de edad avanzada); cuando se trata de un asesinato múltiple; cuando ha sido cometido por una organización criminal o cuando el asesinato se produce tras una agresión libertad sexual.

“No pondré nombres, pero todos los tenemos en mente”, ha dicho el ministro en rueda de prensa, admitiendo así que esta modificación se produce al calor de algunos crímenes recientes que han creado especial alarma social. Fuentes de Justicia subrayan, sin embargo, que se ha hecho después de escuchar “a víctimas y a expertos” y que otros países de Europa ya tienen esta medida en su Código Penal.

Además de extender la pena de prisión permanente revisable, la reforma de Ruiz-Gallardón endurece muchos otros aspectos del Código Penal: introduce la “custodia de seguridad” para mantener en la cárcel a presos especialmente peligrosos cuando ya hayan cumplido su pena; equipara la pena por “detención ilegal con desaparición” a la de homicidio (y aquí el ministro volvió a aludir a casos que todo el mundo tiene en mente, sin citarlos); se elimina la posibilidad de aplicar el “delito continuado” a casos de agresión sexual (para que no puedan juntarse las penas, sino sumarse); se cambia la libertad condicional de forma que, si el excarcelado reincide, vuelva a prisión y cumpla “todo lo que queda de pena”; se establecerá un nuevo catálogo de “supuestos agravados de delitos de orden público” y se creará un delito de atentado a la autoridad agravado, aunque Ruiz-Gallardón precisó que la desobediencia y la resistencia pasiva (por ejemplo, en manifestaciones) seguirán siendo tratadas como ahora (sin convertirlas en atentado a la autoridad como pretendía el Ministerio del Interior). También se endurecen las penas para los autores de incendios forestales y las penas por delitos económicos.

El debate de este asunto en el Consejo de Ministros de hoy se produce después de la excarcelación del preso de ETA Jesús María Uribetxeberria Bolinaga y la polémica que esto ha generado. El martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, varios ministros y parte de la cúpula del PP tienen previsto asistir al homenaje del partido a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua asesinado por la banda.

Se trata de un acto donde la formación quiere cerrar filas en torno a un tema nuclear como es el terrorismo, máxime ahora que se abre el período electoral en el País Vasco y después de las divergencias internas encabezadas por Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre.

EML|AG|AR

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