Generalitat y Ayuntamiento de Alicante plantean a Fomento que asuma la titularidad de las infraestructuras ferroviarias y la estación que tiene en explotación

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Noticias ONDA3/Redaccion.- La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante han remitido un escrito al Ministerio de Fomento para encontrar una solución definitiva a los problemas económicos por los que atraviesa la Sociedad Pública AVANT, que sigue siendo la titular de las infraestructuras ferroviarias y de la estación, que en estos momentos está explotando Fomento, y, por tanto, también la responsable del pago de las cantidades obtenidas para realizar estas obras.

En la sesión de la Comisión Ejecutiva de la sociedad pública AVANT, celebrada el pasado día 22 de julio en la ciudad de Alicante, se puso de manifiesto la difícil situación para hacer frente a los compromisos económicos adquiridos con las entidades financieras que suponen para este año y el próximo ejercicio de 2017 abonar cerca de 71,5 millones de euros en concepto de amortizaciones y de 2,3 millones de euros en concepto de intereses.

Hay que recordar que la sociedad AVANT está formada por la Administración central (50%), autonómica (25%) y local (25%) y se constituyó el año 2003 para gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura urbana correspondiente a los terrenos liberados por la ejecución de las obras de remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Alicante.

Unas obras que tenía que ejecutar el Ministerio de Fomento para la incorporación de la ciudad a la red de Alta Velocidad, con un coste estimado de 69,5 millones de euros, mientras que la Generalitat haría una aportación de 48,42 millones de euros. El resto de los costes previstos para la actuación se estableció que se afrontarían con cargo a las plusvalías generadas por la actuación (70 millones de euros), que asumiría la Sociedad y que ésta recuperaría con la gestión del suelo liberado por la actuación.

La Generalitat ya ha realizado el pago del total de su aportación (que finalmente quedó establecida en 49,4 millones de euros) y las obras ferroviarias se han ejecutado a cargo del crédito de cerca de 71,5 millones de euros que suscribió la Sociedad con tres entidades financieras. Este crédito es el que se debe empezar a devolver el próximo año la sociedad. Una obligación que, sumada a los intereses pendientes de pago (cerca de 2,3 millones de eruos), suponen que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat deberán destinar entre los años 2016 y 2017, respectivamente, cerca de 19 millones de euros para tal finalidad. Estas cifras que resultan inasumibles teniendo en cuenta la delicada situación presupuestaria y financiera que arrastran ambas Administraciones por la gestión de los anteriores gobiernos.

Obras concluidas y en servicio

La práctica totalidad de las obras ferroviarias que sirvieron para la llegada del AVE a Alicante están concluidas y en servicio, y en estos momentos están siendo explotadas por el Ministerio. Sin embargo, se ha detectado una situación claramente irregular e ilógica porque las obras no han sido recepcionadas por Fomento y la Sociedad AVANT sigue siendo su titular y la responsable del reintegro de las cantidades obtenidas por el préstamo descrito.

Es por ello que, tanto el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat, han remitido un escrito al Ministerio porque consideran que debe delimitarse técnicamente, de manera urgente, la obra ferroviaria ya ejecutada y procederse a la transferencia de las existencias que posee actualmente la Sociedad al Grupo Fomento para que asuma su titularidad a cambio del pasivo existente. Desde ambas administraciones se entiende que no tiene sentido que tanto las instalaciones ferroviarias como la propia Estación de Ferrocarril continúen estando, años después de que las obras estén en servicio, en manos de una Sociedad participada por un Ayuntamiento y la Administración Autonómica mientras el Ministerio está explotando estas instalaciones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento y la Generalitat exigen al ministerio que dé una solución a la situación financiera de la Sociedad, dado que resulta inviable que ambas asuman compromisos económicos por los importes expuestos cuando es el Gobierno de España quien está explotando esa infraestructura. De hecho, han recordado que ya se han realizado actuaciones similares en casos como la Sagrera en Barcelona, León o Gijón que tienen como objetivo garantizar la viabilidad de la actuación y su completa conclusión.

Desde las dos instituciones esperan una respuesta satisfactoria del ministerio, de hecho, han coincidido en señalar que este caso merece un “trato justo” por parte del gobierno central y han mostrado su voluntad de abrir un diálogo para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión.

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