La Guardia Civil desarticula una red por defraudar 15 millones del I.V.A. de vehículos comprados en la UE

La Guardia Civil, en el marco de la operación RUEDAS III, ha desarticulado una red que había defraudado 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a vehículos comprados en la UE, coches de lujo procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica. Se ha detenido a 10 integrantes (6 en Madrid, 2 en Palencia, 1 en Navarra y 1 en Asturias), y se ha imputado a otros 3.

La organización utilizó al menos 30 empresas mercantiles, creadas para estos fines, que en cinco años habrían manejado alrededor de 105 millones de euros en operaciones, y cuyo I.V.A. no ingresaron en las arcas públicas.

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La operación se inició tras una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Castilla y León, en la que ponía de manifiesto la existencia de un vecino de la localidad de Magaz de Pisuerga (Palencia) y otro de Palencia capital, que podrían estar adquiriendo vehículos en la Unión Europea y que, una vez en España, no ingresaban en el tesoro público las correspondientes cuotas de I.V.A.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se detectó a un grupo delictivo dedicado a la compra de vehículos en países de la U.E eludiendo los impuestos. Para ello, utilizaban el esquema clásico en este tipo de fraudes, consistente en situar en el primer escalón de la importación de los vehículos a un operador fraudulento, registrado previamente en el Registro de Operadores Intracomunitarios, para que simulara operaciones de compra de productos en la Unión Europea, que al tratarse de operaciones intracomunitarias están exentas de I.V.A. en origen.

Utilizan empresas con poco o nulo capital para adquirir los vehículos

Este primer operador español recibe el nombre de trucha y suele ser una sociedad limitada, con poco o nulo capital, sin establecimiento ni trabajadores y tiene como administradores o apoderados a sujetos normalmente insolventes. Su función consiste en transferir los vehículos mediante facturas ficticias con I.V.A., a otras sociedades pantalla que actúan como parachoques ante la acción de la justicia y el fisco, pero sin declararlo ni ingresarlo en la Hacienda Pública.

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El siguiente paso era enviar los vehículos al empresario que los había encargado para venderlos a clientes finales o a otros distribuidores en España, en una acción concertada con las sociedades truchas/pantallas.

De este modo, el I.V.A. que la trucha  no ha ingresado en la Hacienda Pública se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. En algunas ocasiones se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

Fases de la investigación

La investigación se ha desarrollado en tres fases. En una primera, desarrollada a principios de 2014 y en la que las actuaciones se centraron en Madrid, Segovia, Albacete, Toledo y Córdoba, se detectaron movimientos por importe de 83 millones de euros, resultaron involucradas 15 personas y 12 empresas. Esta fase coincidió con otra investigación paralela desarrollada por la delegación de la A.E.A.T. en Madrid y seguida por el Juzgado de Instrucción nº 20 de esa capital. En esta ocasión, los datos obtenidos por la Guardia Civil pusieron de manifiesto la participación de dos empresas más, así como movimientos bancarios por importe de 13 millones de euros, que no habrían sido detectados, lo que significaría un fraude total de 2 millones de euros superior al inicialmente imputado.

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La segunda fase, desarrollada a principios del presente año, puso de manifiesto la existencia de operaciones mercantiles por importe de unos 74 millones de euros, lo que suponía un fraude de unos 10.250.000 euros. Tras ello, se procedió a la detención de 8 personas en Madrid, Palencia, Navarra y Gijón, responsables de 14 empresas.

La tercera y última fase, desarrollada en Madrid, Valencia y Palencia, ejecutada el pasado mes de julio, puso de manifiesto la existencia de otras cuatro empresas relacionadas con los hechos, que habrían realizado operaciones por un importe superior a 18 millones de euros, lo que supondría un fraude de 2.500.000 euros. En esta ocasión, se procedió a la detención de 2 personas y a la imputación de otras 3.

En esta fase, se contó con la colaboración de la Unidad de Acción Fiscal de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ya que una de las empresas realizaba los pagos de los vehículos adquiridos en Alemania mediante cuentas corrientes radicadas en el país lusitano, con el fin de ocultar a las autoridades tributarias la relación entre dicha empresa y las adquisiciones de los vehículos.

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Los especialistas de la Guardia Civil han completado la operación habiendo investigado de forma exhaustiva y rigurosa a 44 empresas y 85 cuentas corrientes, lo que ha requerido en estudio y análisis de miles de movimientos bancarios, así como el examen de una inmensa cantidad de documentación tributaria y mercantil, dado el abultado número de empresas y de ejercicios fiscales a controlar. También se ha debido averiguar el destino y procedencia de cientos de vehículos, lo que ha llevado a la conclusión de que esta operación es una de las operaciones más importantes en la materia llevadas a cabo a nivel nacional y sin duda la más importante en Castilla y León.

Todos los detenidos e imputados han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número CUATRO de los de Palencia.

En la operación han participado agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial-Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Palencia.

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