Philip Morris demanda a varios países

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Noticias ONDA3 | Redacción.- Desde que algunos países comenzaran a implantar la ley antitabaco, cuya ampliación a bares, pubs, discotecas y restaurantes levantó ampollas en muchos frentes, las compañías tabaqueras vieron en algunas de estas acciones “medidas extremas que no revertían en efectos positivos para la salud pública” y se pusieron en pie de guerra.

Así, comenzaron a enfrentarse con los gobiernos de diversos países para que les fueran revertidas las pérdidas que les ocasionaban algunas de estas acciones enmarcadas en las políticas antitabaco.

No es éste el único muro a derribar por parte de los fabricantes. También han de hacer frente a los problemas climatológicos que afectan notablemente, y mucho más este año, a las plantaciones de tabaco.

Una de estas multinacionales, Philip Morris, ha tenido su particular cruzadacon varios gobiernos por, según afirma a Cotizalia la portavoz de asuntos corporativos de la marca en Suiza, Monica Montero, “llevar al extremo diversas medidas que no se han demostrado eficaces para la reducción del consumo”, enmarcadas en las políticas antitabaco.

Todo apunta a que la última batalla la va a librar contra el gobierno Noruego, pues este mismo martes ha presentado una demanda en un juzgado de Oslo por prohibir la muestra del producto en el punto de venta, una medida que, según la compañía tabaquera, “no ha demostrado que tenga efectos positivos”. Es más, Anne Edwards, portavoz de la firma, añade que en 2001 Islandia implantó dicha prohibición, al igual que Canadá, y “nada indica que haya logrado que más personas dejen de fumar”.

La prohibición del gobierno de Noruega (segundo país en ampliar la ley antitabaco a los bares y restaurantes, el 1 de junio de 2004, tras Irlanda) ha costado a las tiendas del país más de medio millón de coronas noruegas en pérdidas –más de 62.000 euros-.

Esta denuncia por parte del fabricante de marcas como Marlboro, L&M o Chesterfield no es ni la primera ni la última. De hecho, en octubre de 2009, la compañía demandó a Irlanda por la misma razón. Sí puede convertirse, sin embargo, en el primer paso de un largo proceso jurídico con consecuencias para todo el Espacio Económico Europeo, ya que la intención de la tabaquera con sede en Suiza, cuya facturación en 2009 cayó un 8% por la crisis y la subida de precios, es que los tribunales noruegos envíen el caso directamente al tribunal de la Asociación Europea del Libre Comercio.

El caso de Philip Morris va más allá. Hace menos de un mes, la compañía decidió presentar una demanda contra Uruguay ante un tribunal internacional. En esta ocasión, la multinacional ha solicitado una reparación por las pérdidas que le han ocasionado las “extremas” políticas antitabaco llevadas a cabo durante los últimos años por el gobierno del país, y además, que éstas se reviertan, lo que supone toda una novedad en los litigios por esta cuestión. Asimismo, este arbitraje internacional podría entenderse como un aviso a otros países de América Latina que estén planeando normativas similares a las de Uruguay.

Según Montero, “no estamos en contra de las regulaciones antitabaco par reducir el consumo y garantizar la salud pública, ni de las restricciones de fumar en lugares públicos”. De hecho, más de 170 países han rectificado en los últimos tiempos el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

La raíz del problema viene dada por la resolución que adoptó el gobierno en marzo de 2009 que obligaba a las tabaqueras  a utilizar  una única presentación por cada marca de venta al público, con el objetivo de que los consumidores no pensaran que una variedad era menos dañina que otra. Así, Abal Hermanos, representante de la marca en Uruguay, se vio obligada a retirar 7 de los 12 productos que comercializaba en el país, y únicamente puede vender la variedad de Marlboro rojo. Algo que, en opinión de Montero, “no contribuye a la salud pública, y además aumenta el contrabando”. En este sentido, uno de cada cuatro cigarrillos que se vende en la actualidad en Uruguay procede del contrabando.

El argumento de Philip Morris se basa en que la normativa del gobierno uruguayo “viola las disposiciones del tratado vinculadas a los derechos de propiedad intelectual”, afectando al negocio de la tabaquera. De hecho, el país gobernado por Tabaré Vázquez es uno de los que cuenta con normativas antitabaco más estrictas, y una de sus últimas medidas en este sentido ha consistido en la subida de impuestos que gravan la venta de cigarrillos.

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