El sector reclama hacer extensivo el Real Decreto de Eficiencia Energética a pymes y edificios públicos

AVAESEN e InnDEA Valencia han organizado una jornada para empresas del sector para analizar la trasposición de la directiva de la UE sobre eficiencia energética

Cerca de 70 profesionales del sector energético se han reunido hoy en Valencia en la jornada para analizar el último Real Decreto sobre Eficiencia Energética, la trasposición de la Directiva de la Unión Europea de 2012 sobre la materia, organizada por AVAESEN e InnDEAValencia.

JornadaEficienciaEnergetica

Una de las primeras conclusiones que saca el sector es que el nuevo Real Decreto debe verse por todos los sectores empresariales como una oportunidad de obtener herramientas que hagan más competitivas las empresas españolas, ayudándoles a reducir los costes energéticos y por lo tanto a mejorar su posición en el mercado nacional e internacional.

De forma unánime las empresas del sector han lamentado que el Real Decreto sólo contemple de forma específica a las grandes empresas como aquellas que deberán cumplir esta ley a finales del año 2016. Son aquellas con más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de facturación. “Dejar fuera a las pymes y edificios públicos supone perder una oportunidad, en primer lugar para su propia sostenibilidad y eficacia”, según ha afirmado el presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, quien ha añadido que, a pesar de las lagunas “presenta una oportunidad muy importante de negocio para las empresas del sector energético”.

A nivel nacional, se estima que la nueva legislación afectará a unas 4000 grandes empresas, que tendrán que hacer una inversión aproximada de 150 millones de euros para cumplir con la Directiva de la UE, pero que supondrá unos ahorros de entre 800 y 900 millones de euros gracias a la energía que dejarán de consumir.

Los sectores que pueden obtener más beneficios con medidas reales de eficiencia energética son aquellos cuyos costes por este concepto pueden superar hasta el 30%, como son el hotelero, grandes edificios usos intensivos como hospitales o residencia, y el sector de la alimentación.

Además, en la jornada se ha llamado la atención sobre la “colisión entre este Real Decreto y el de Autoconsumo, son contradictorios en algunas cuestiones, a lo que se une el que se haya dejado deliberadamente al margen las energías renovables en la rehabilitación de edificios y no se mencione nada de contadores inteligentes”, según ha asegurado Marcos J. Lacruz, quien ha añadido que el Gobierno “ha aprobado el Real Decreto con 20 meses de retraso y pretende que en sólo 9 meses se haga el trabajo de puesta al día en las empresas, que vence el 14 de Noviembre, habiendo publicado el Real Decreto en febrero”.

En la jornada se explicado también que hay que separar lo que son las auditorías energéticas, que pueden lograr ahorros puntuales, de lo que son inversiones en eficiencia energética como exige el Real Decreto, que son acciones medibles y sostenidas en el tiempo que reducirán la factura energética de las empresas, ya que los retornos de inversión se logran en plazos cortos de tiempo, entre 2 y 4 años en los mejores casos.

En la inauguración de la jornada, junto al presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, ha estado el concejal de Energías Renovables y Cambio Climático del Ayuntamiento de Valencia, Jordi Peris, quien ha asegurado que, a pesar, de no contemplarlo la legislación, el consistorio valenciano hará una auditoría de eficiencia energética en los edificios públicos.

La jornada ha contado con miembros de la Universidad Politécnica de Valencia, empresas como SGS, Implica-t, Tecnourban o AENOR, además de con el Instituto Tecnológico de la Electricidad.

La Directiva de la Unión Europea

En 2014 la Unión Europea aprobó una Directiva de Eficiencia Energética encaminada a ayudar en la reducción de un 20% del consumo de energía de la Unión Europea en el año 2020, y para ello contempla el fomento de las energías renovables y el aumento de la eficiencia energética en los sectores terciario y residencial, el transporte y en la industria.

La publicación en el BOE llega después de que la UE abriera un proceso sancionador a España en Octubre de 2015 por el retraso en la transposición de la directiva, que tenía que haber estado en Julio de 2014.

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